Desarticulada banda por fraude en cobro de prestaciones

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 52 personas acusadas de fraude en la obtención de prestaciones. Las detenciones se han producido en distintas ciudades, entre ellas Albacete, Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia, según ha informado la Policía.

Multimillonario fraude

El total defraudado, que asciende a más de 300.000 euros, ha sido cometido tanto contra el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La operación policial se centró en un abogado que, en complicidad con otros individuos, montó un entramado de empresas ficticias que no llevaban a cabo ninguna actividad económica. Estas empresas “contrataban” personal ficticio para facilitar el cobro de prestaciones por desempleo.

Investigación minuciosa

La intervención policial fue el resultado de una investigación iniciada tras una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social. La denuncia hacía referencia a diversas prácticas irregulares de una empresa en Albacete, con el objetivo de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

Empresas fantasma

Para llevar a cabo el fraude, se creó una empresa falsa, registrada bajo la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. Sin embargo, se descubrió que no realizaba ninguna actividad económica real y que su dirección social correspondía a una vivienda residencial.

Además, la Policía recogió testimonios de trabajadores, cuyo único propósito era dar de alta en la Seguridad Social a cambio de una suma de dinero, lo que les permitiría cobrar prestaciones por desempleo destapando así la verdadera actividad de la empresa.

Red de actividades fraudulentas

No solo se logró identificar al responsable de la empresa en Albacete, sino que también se descubrió que era administrador de otras 30 empresas en distintas ciudades. Estas sociedades compartían la misma actividad económica y tenían un mismo abogado como tramitador autorizado para realizar gestiones ante la Seguridad Social.

Consecuencias legales

Según el artículo 307 ter del Código Penal, aquellos que obtengan prestaciones de forma fraudulenta causando un perjuicio a la Administración pueden enfrentar una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Este castigo también se aplica a quienes simulan la obtención de prestaciones para cobrar indebidamente.

La operación policial ha logrado desmantelar una red fraudulenta que operaba a nivel nacional, causando un perjuicio económico importante a las instituciones públicas. Los detenidos deberán enfrentar las consecuencias de sus acciones fraudulentas.

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